Ahora que estamos a principio de campaña de este invierno, podemos plantearnos que ocurre con la gente que no tiene con qué calentarse, y los peligros del llamado “calor barato”, la pobreza energética, algo que no sale en los telediarios, y que causa más de 7.000 muertes prematuras al año.
Con la llegada de diciembre, las temperaturas caen y aumentan los accidentes caseros por el uso de métodos antiguos de calefacción, como braseros o estufas de carbón, leña o gas.
Según la asociación de ciencias ambientales, La pobreza energética es “la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 21ºC en invierno y 25ºC en verano, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud)”.
Las causas que generan esta precariedad energética son diversas, si bien existen tres factores fundamentales:
- Bajos ingresos del hogar
- Calidad insuficiente de la vivienda
- Precios elevados de la energía
Sus consecuencias en el bienestar son múltiples y variadas: temperaturas de la vivienda inadecuadas, incidencias sobre la salud física y mental (incluyendo mortalidad prematura de ancianos), riesgo de endeudamiento y desconexión del suministro, degradación de los edificios, despilfarro de energía, intoxicaciones, emisiones, etc
INFORME DE POBREZA ENERGÉTICA EN ESPAÑA
Según la segunda edición del informe elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales, que se puede descargar en el siguiente enlace, el número de personas que pueden estar en riesgo de pobreza energética en España ha aumentado en dos millones entre 2010, año del primer estudio y 2012, sobre el que trata la segunda edición, hecha pública en marzo de 2014.
El porcentaje de hogares que tienen que destinar una cantidad desproporcionada de sus ingresos a pagar facturas de luz y gas subió en 2012 hasta el 16,6%, lo que supone unos siete millones de personas, frente al 12,4% registrado en 2010, equivalente a cinco millones.
Estas familias pasan frío en invierno y calor en verano, tienen viviendas con viviendas con moho y humedad, cortes de suministro por impago (1,4 millones en 2012), menos dinero para satisfacer otras necesidades básicas y, lo más grave, muertes prematuras en invierno.
Hasta 7.200 fallecimientos podrían evitarse si se erradicara el problema, según el sistema de medición de la Organización Mundial de la Salud».
En España, según el estudio “Pobreza Energética en España. Análisis de Tendencias” realizado en 2014 por la Asociación de Ciencias Ambientales se estimaba que en 2014, un 17% de los hogares residentes en España, con una población estimada de 7 millones de personas, estaban destinando más del 10% (el doble de la media) de sus ingresos anuales al pago de la factura energética del hogar. Se estima que el 9% de los hogares, equivalente a 4 millones de personas, se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno.
La crisis económica ha provocado que los hogares españoles cada vez lo tengan más difícil para mantener su vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos y/tengan que dedicar una parte mayor de ingresos para satisfacer sus necesidades básicas (calefacción, refrigeración, cocina, iluminación, agua caliente sanitaria,…).
En el estado de las autonomías, aún no existe una política integrada a nivel estatal que permita coordinar actuaciones y dar una respuesta global a esta problemática.
COSTE DE LA ENERGIA
Si a principios de 2008 el consumidor doméstico promedio pagaba en España 13 céntimos de euro por kilovatio-hora de electricidad, en 2012 tenía que hacer frente a un precio de 23 céntimos de euro, un nivel que se ha mantenido hasta el primer semestre de 2014. En el caso del gas natural, el incremento ha sido más moderado: de 6 a 9 céntimos por kilovatio-hora entre 2008 y 2012, tras el cual se ha producido un descenso hasta los 8 céntimos por kilovatio-hora registrados en el primer semestre de 2014.
AISLAMIENTO DE LAS VIVIENDAS
La primera legislación que obligaba a colocar aislamiento en las viviendas fue el Real Decreto 1490/1975, como medida frente a los problemas derivados del encarecimiento de la energía tras la crisis del año 1973.
Posteriormente se transpondría a la Norma Básica de la Edificación relativa a Condiciones Térmicas: NBE-CT-79, de obligado cumplimiento a partir de 1979, y que fue mantenida hasta el año 2006.
A partir de septiembre de 2006 es de aplicación el actual Código Técnico de la Edificación, en su documento básico de Ahorro de Energía: CTE-DBHE, documento que ha sufrido una modificación en 2013 que prácticamente DUPLICA las exigencias de aislamiento es las peores orientaciones (norte) y zonas climáticas (como las de Sierra).
Por tanto, sólo las viviendas anteriores a 1975, de protección oficial, debían tener en cuenta un reglamento técnico en el que se limitaba sólo al aislamiento de algunos muros y cubiertas (no obligaba a aislamiento con espacios no calefactados, cámaras, etc).
Siguiendo el criterio establecido en el Libro Azul de la Electricidad de la Comunidad de Madrid, las viviendas, según su antigüedad, se dividen en siete grupos (gráfico 1).
Como se puede observar, la mayoría de las viviendas analizadas (66,7%) han sido construidas entre 1975 y 2002, correspondiendo al periodo 1986-2002 la mayor concentración de viviendas construidas (36,9%).
Por tanto, y en cuanto a aislamiento, el parque de viviendas está obsoleto y es ineficiente, consiguiendo que actuemos como el que pone la calefacción en el coche y abre la ventanilla, un gasto excesivo y una percepción no de confort, sino de malestar.
¿QUE PODEMOS HACER?
En España se dan dos tipos de pobreza energética; una asociada a regiones frías, con inviernos más largos y severos, en hogares con ingresos más bajos, en los que el gasto en energía doméstica, en término anual, es desproporcionado, y otra, en regiones más templadas, donde el hogar se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
En cualquier caso lo que ambos enfoques tendrían en común es el hecho de que los hogares más vulnerables afectados por estos “dos tipos” de pobreza energética, habitan en viviendas provistas de envolventes térmicas o de sistemas de calefacción de baja eficiencia energética.
A pesar de que las zonas urbanas aglutinan un porcentaje de población mucho mayor (22 millones de habitantes) que las zonas rurales o escasamente pobladas (11 millones), son las últimas las que tienen un mayor número de habitantes que tienen gastos desproporcionados en el pago de las facturas energéticas: 3 millones de habitantes, frente a los 2,5 millones de habitantes de las zonas urbanas.
En zonas rurales, el porcentaje de hogares que destinaban más del 10% a pagar sus facturas de la energía doméstica pasó del 13 al 26% entre 2007 y 2012 (un incremento del 100% en 5 años), mientras que en zonas urbanas (densamente pobladas) pasó del 5 al 12% (un incremento del 140% en 5 años).
La Asociación propone como recomendación la definición de una estrategia nacional para prevenir y mitigar la pobreza energética que integre a las distintas administraciones competentes de la Administración General del Estado e introduzca orientaciones para una acción coordinada entre la administración central, autonómica y local en materia de prevención y mitigación de pobreza energética.
Una de las recomendaciones es la puesta en marcha de un plan de rehabilitación energética que contemple la pobreza energética en su diseño y en las vías o mecanismos de financiación.
En artículos anteriores hablábamos de la rehabilitación del patrimonio construido, no crecer indefinidamente en el tamaño de nuestros pueblos, convertir a rehabilitación es un nuevo sector, ya que es evidente que es necesario y viable. La energía que se pierde en más de 15 millones de viviendas, que son auténticos agujeros energéticos, sigue sin visibilizarse.
Desde los propios Ayuntamientos de la Sierra Norte de Madrid, una de las zonas más afectadas por su climatología, es posible realizar campañas y financiar las obras más sencillas, y otras que sirvan como referencia, solicitando la intervención financiera de la Comunidad de Madrid, tal y como ésta realiza en los barrios antiguos de la Capital.
La cobertura del 100% del coste de micro-actuaciones (instalación de burletes, elementos reflexivos tras los radiadores, etc.) que con un coste en torno a unos 150 euros, conseguían ahorros de hasta un 8% algo que para familias muy necesitadas, que vivían con rentas mínimas suponía una ayuda muy importante.
BIBLIOGRAFIA
«Estudio sobre Pobreza Energética en España. Potencial generación de empleo derivado de la rehabilitación energética de viviendas»
Fundación La Casa que Ahorra
La pobreza energética en el contexto de la liberalización y de la crisis económica
http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/otras-actividades.html
Santiago Durán García
Arquitecto Técnico (UPM)
MDI Máster En Dirección Inmobiliaria (UPM)
EEM Gestor Energético Europeo (UPM European Energy Manager)
T/f 918.433.646 M. 618.519.717
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